Vecinos de la zona del Bajo Flores en esta capital bloquearon calles en protesta por el ataque de gendarmes que el pasado viernes dispararon con balas de goma contra los integrantes de una murga barrial, lo que provocó 11 heridos, incluidos niños de entre dos y 16 años, hecho ocultado por medios como Clarín y La Nación.
El conflicto social se agrava y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce Pablo Michelli dio a conocer los resultados de un reporte de su organización Observatorio de Desarrollo Social, el cual informa que a la fecha hay casi 50 mil despedidos entre trabajadores del Estado y de empresas privadas, sin contar con los más de 25 mil cesantes en el sector de la construcción.
Por su parte, la CTA que dirige el docente Hugo Yasky convocó a una jornada nacional contra los despidos y la criminalización de la protesta social, en defensa de las fuentes de trabajo y con la exigencia de negociaciones salariales.
Dijo que no puede haber ningún condicionamiento “después de haber sufrido aumentos en los precios como los que se han registrado, y mucho menos después del golpe que significa el tarifazo de la luz (500 por ciento), y un retroceso salarial que ya en este tiempo oscila entre 10 y 15 puntos porcentuales del poder adquisitivo”.
Rechazó la política sistemática de despidos en el sector público y denunció además la represión de la gendarmería contra la murga del Bajo Flores, entre cuyas víctimas se encuentran niños, tras convocar a una jornada nacional de lucha en todo el país.
La Confederación General del Trabajo de Córdoba, la provincia donde el presidente Mauricio Macri ganó con mayor cantidad de votos, se declaró en estado de alerta y movilización ante la ola de ceses y la acelerada baja del salario.
En otra escalada que aviva el conflicto, Macri ordenó retirar los cuadros de los fallecidos ex presidentes argentino Néstor Kirchner y venezolano Hugo Chávez de la sala de Patriotas Latinoamericanos en la Casa Rosada, lo que fue considerado por la oposición una nueva provocación política.
En Jujuy, ante la posibilidad de un diálogo se decidió levantar el campamento que realizaban desde hace 51 días los integrantes del movimiento Tupac Amaru para exigir respuestas al gobernador Gerardo Morales y la liberación de su dirigente Milagro Sala, detenida el pasado 16 de enero. El campamento continuará en Plaza de Mayo en esta capital.
Mientras se canalizaban las denuncias por la extrema violencia en la villa miseria del Bajo Flores, se añadió otro episodio protagonizado por dos policías federales, también en una zona cercana, que detuvieron a un grupo de jóvenes cuando salían del trabajo, los obligaron a levantar las manos contra la pared y revisaron sus documentos, lo que fue grabado por un vecino. El joven que filmó lo sucedido relató que parecía una escena de la dictadura (1976-1983) y que uno de los policías se refirió a esa época comola mejor.
Los padres de los heridos y vecinos del Bajo Flores desmienten el relato de los gendarmes, que dicen haber llegado al lugar en un operativo para rescatar automóviles robados y que fueron atacados. Las filmaciones con cámaras de teléfono muestran todo lo contrario, así como los testimonios que fueron registrados en el Ministerio Público donde se relata que los gendarmes llegaron a la calle angosta donde ensayaba la murga barrial en la noche y cuando los integrantes, la mayoría niños, se alineaban para hacerles lugar, comenzaron a dispararles.
Los vecinos contaron 11 heridos que fueron atendidos en un hospital de la zona. “Donde vivimos no hay veredas, no hay dónde meterse. En ese momento sólo rogué a Dios que me protegiera. Escuchaba el griterío de los chicos que pedían ‘no disparen’. Yo venía corriendo con mi bebé, y si no me tiro sobre él, lo habrían golpeado”, relató Florencia.
Esta violencia está respaldada por los decretos, como sucedía en tiempos dictatoriales. Pero también es violencia despedir a miles de personas cuyas redes sociales son espiadas, con total impunidad, como en aquellos años, señalaron dirigentes de la CTA.
El observatorio de la CTA precisó que hasta la semana pasada se declararon no menos de 27 mil 199 despidos en las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales, y 22 mil 709 en el sector privado. El estudio también da cuenta de un incremento en el uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales.
Con las 25 mil cesantías en la construcción declaradas por ese sector la cifra de despedidos suma unos 75 mil, a poco más de mes y medio de la asunción de la derechista alianza Cambiemos, aunque el presidente Macri advierte que estamos en el camino correcto.
Radio Nacional
La recientemente nombrada directora de Radio Nacional, Ana Gerscheson –columnista de Clarín– que remplaza a la periodista y escritora María Seoane, se enfrentó este martes a un grupo de reconocidos periodistas y analistas que fueron despedidos de esa emisora, a los que el titular del Sistema de Medios Públicos Hernán Lombardi llamó irrecuperables y violentosdando datos falsos sobre los salarios que ganaban.
Esto nos estigmatiza ante la opinión pública y es mentira. Le exigimos que muestren nuestros recibos verdaderos, dijo uno de los periodistas que reclamaban su espacio radial, y también una disculpa. Los afectados confirmaron que hubo espionaje contra ellos y evidente persecución política.
