El 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas que tienen como fin reformar la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de justicia laboral.
Una de las principales propuestas de la iniciativa de reforma constitucional es la del artículo 123, que tiene como fin desaparecer la impartición de justicia laboral por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Éstas serán sustituidas por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Otro punto es la creación de un organismo descentralizado de la administración pública que atenderá el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, de las organizaciones sindicales y de los procesos administrativos inherentes.
Este nuevo organismo tendrá también la tarea de conciliación en juicios de materia federal, mientras que a nivel local la conciliación corresponderá a los órganos descentralizados que se crearán en cada estado.
Un punto más de la reforma incluye elevar a rango constitucional el voto personal, libre y secreto de los trabajadores en elección de dirigentes y resolución de conflictos entre sindicatos. La reforma a la LFT establecerá esto procedimientos.
En la marcha de trabajadores del 1 de mayo, Francisco Hernández, dirigente del sindicato de telefonistas, y Agustín Rodríguez, del sindicato de la UNAM, expresaron su rechazo a la iniciativa que busca desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, pues que consideraron que “pega a los derechos laborales” [El Universal, Mayo 2, 2016].
En Guadalajara, Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, aseguró que seguirán defendiendo los contratos colectivos porque “con la nueva ley y la futura ley ya no vamos a tener ninguna defensa”. Y agregó que la reforma pretende agregar “mil requisitos” para poder registrar un contrato colectivo de trabajo [El Diario NTR, Mayo 2, 2016].
José Alejandro García, presidente de la CROM, manifestó su oposición a la reforma que pretende desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. Ante esto, el secretario de Trabajo del Estado, Héctor Pizano Ramos, reconoció que “ha faltado el consenso y por eso los líderes obreros se pronunciaron en contra, porque se habla de modificar radicalmente la impartición de justicia laboral [El Occidental, Mayo 1, 2016].
SITUAM ha declarado su oposición en contra cualquier atentado que pretenda vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores.
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Foto: crom.org.mx