Educación en América Latina: más cobertura, pero “de mala calidad”*

Federico Rivas Molina

Los países de América Latina han hecho “importantes progresos en expandir la cobertura de sus sistemas educativos” con recursos económicos cada vez más importantes, pero han fallado en la calidad y “los déficits de aprendizaje siguen siendo alarmantes”. Esta ha sido la conclusión de un informe elaborado por la Comisión para la Educación de Calidad para Todos, convocada por Diálogo Interamericano y coordinado por los expresidentes de Chile, Ricardo Lagos (2000-2006), y de México, Ernesto Zedillo (1994-2000). “La región está llegando a un cambio de paradigma”, donde lo que mide el desarrollo ya no es el ingreso per cápita de los ciudadanos, sino la distribución de los ingresos, advirtió Lagos durante la presentación del texto en Buenos Aires.

América Latina destina, en conjunto, más de cuatro puntos de su Producto Interior Bruto (PIB) a la educación, pero los resultados de las evaluaciones internacionales la colocan muy por debajo del promedio de los países ricos. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés)  de 2012, que evaluó a jóvenes de 15 años en 65 países, determinó que casi la mitad de los estudiantes de América Latina tiene un nivel bajo de desempeño de lectura (48,5%) y en ciencia (49,8%). “En lectura, un nivel bajo indica que el estudiante no puede identificar la idea principal de un texto o inferir información directamente localizada en él”, explica el informe. Si se lo compara con los países de la OCDE, el nivel bajo alcanzó a sólo el 23% de los niños evaluados.

“Se invirtió mucho, pero no en calidad. La diferencia en niveles de progreso de aprendizaje son impresionantes y pone a América Latina en desventaja en la competencia económica”, dijo Ariel Fiszbein, relator del informe, titulado Construyendo una educación de calidad: un pacto con el futuro de América Latina y publicado en formato libro por la Fundación Santillana. En América Latina, además, se ha avanzado poco en la lucha contra la deserción escolar, otro flagelo regional. Uno de cada seis latinoamericanos abandona el segundo ciclo cada año y en 2010 sólo la mitad de los jóvenes de entre 20 y 24 años completó su educación secundaria, según datos de la Unesco.

El informe mereció la atención del gobierno de Argentina, que prestó el espacio de la Casa Rosada para su presentación. El debate se trasladó más tarde a la sede argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Además de un detallado estado de situación, el texto es una propuesta hacia el futuro, con seis líneas concretas de trabajo. Los expertos recomiendan a los Estados atender el desarrollo infantil temprano, apuntar a la excelencia docente con un sistema basado en la “meritocracia”, promover sistemas fiables de evaluación de aprendizajes y utilizar las nuevas tecnologías en el marco de nuevos programas educativos. También que los contenidos a transmitir sean relevantes para el mercado de trabajo y alcanzar un financiamiento “sustentable en el tiempo”. Conscientes de la “inercia” del sistema actual y la “resistencia” que pueden encontrar las reformas “sobre todo entre los docentes”, la Comisión recomienda “un gran pacto social que comprometa a todos los sectores para generar el cambio”, dijo Fiszbein.

Se trata, en todo caso, de impulsar un cambio cultural en la región. Pero Lagos advierte que no alcanza con promover mejores contenidos o designar más recursos. “Al analizar el informe hay que ver el contexto de la región y los cambios que se dan en el mundo”, pidió. “Es importante tener en cuenta que todo lo que hagamos será a largo plazo. Cuando, en el futuro, nos pregunten por los ingresos también nos preguntarán cuantos gases de efecto invernadero emitimos per cápita. América Latina está entre cinco y seis toneladas por año y debemos emitir dos. Acercarnos a esa meta será el verdadero indicador de civilidad. Por eso la gran pregunta es cómo educamos a los jóvenes para poder cumplir con esa meta”, opinó el expresidente de Chile.

*Publicado en internacional.elpais.com [agosto 23, 2016]

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Nuevo modelo de educación olvida estructura educativa, brechas culturales y resistencias políticas

El nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) olvida las condiciones reales de las escuelas y las raíces culturales que durante décadas se han arraigado en los alumnos. Toma como referencia el modelo de Finlandia, que tardó 30 años alcanzar el éxito, pero olvida brechas sociales, temas culturales, resistencias políticas y problemas económicos.

Las anteriores son algunas de las críticas que han realizado diversos actores a dicho modelo educativo, alertando, como en el caso de Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de Educación Básica, que el discurso progresista de la SEP es incapaz de esquivar el enfoque burocrático del sistema y  el “panorama de catástrofe de logros de aprendizaje”, de modo que la reforma alienta el desorden y la confusión “en manos de un régimen que está en su declinación natural” [La Jornada, agosto 8, 2016].

En el sentido pedagógico de la reforma “el criterio de selección de temas no es el interés de los alumnos ni sus necesidades realmente básicas para mejorar su vida”. Y por el contrario, El modelo educativo 2016, propone “exceso en la cantidad de temas, como a la complejidad inmanejable de muchas de ellas”; se olvida que el alumno es “de carne y hueso” [La Jornada, agosto 8, 2016].

El documento que presentó la SEP es integrado por páginas contradictorias. “Implica el reconocimiento de la diversidad entre las diferentes regiones de nuestro país, con lo que la aplicación de evaluaciones estandarizadas para todos los maestros carece de sentido”, advierte Enrique Calderón Alzati [La Jornada, agosto 6, 2016].

Y las autoridades han menospreciado obstáculos políticos como los gobiernos estatales, que necesitan incentivos para tomar por bandera de la reforma. Esto sin olvidar la resistencia que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) representa junto con el movimiento sindical en el país; al igual que Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su postura de análisis ante “los posibles impactos laborales y profesionales que genere este modelo” [periodicocorre.com.mx, julio 20, 2016].

Por si fuera poco la reforma tiene que enfrentar un problema crónico como la opacidad en la administración de los recursos en los planteles educativos y los millones de pesos que van a las cuentas bancarias de funcionarios.

No se puede limitar el futuro de la educación en una sola visión e imponerla sin el nutrido debate de fondo y un análisis para corregirla. Por el contrario su imposición se perfila como una política errada “que nunca debiera repetirse”.

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Discurso íntegro de González Casanova en foro de la CNTE*

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pablo González Casanova ofreció una ponencia en el foro ‘Hacia la construcción del proyecto de educación democrática’, organizado por dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El académico expresó su solidaridad con el magisterio e hizo un llamado para impulsar un “proyecto serio y profundo para una verdadera reforma educativa”.

Aquí su discurso íntegro:

Hacia la educación que necesita la nación mexicana

Pablo González Casanova

Profesoras y profesores, compañeras y compañeros todos:

Para nosotros la solidaridad no es una palabra sin consecuencia. Quiero decir primero, que estoy aquí para manifestarles una vez más mi solidaridad con su lucha. Y quiero antes que nada decirles algo que les puede parecer exagerado, pero que es exacto. Y es, que más que para enseñar vengo a aprender lo mucho que a ustedes es familiar, que es el conocimiento de las escuelas y el saber de los pueblos. Al mismo tiempo, quiero contarles cómo veo su lucha desde los trabajos en que estoy empeñado que se refieren a la globalización neoliberal, en un proceso que está afectando a la inmensa mayoría del mundo y a nuestro país.

Y lo primero que viene a mi mente es lo que dice Luis Hernández Navarro en su reciente libro sobre La novena ola del magisterio, y es que desde el l5 de mayo pasado se descarriló la puesta en marcha de la reforma oficial y se manifestó su inviabilidad en amplias zonas del país… Me parece que eso es exacto. Eso es un hecho. Y es parte de un proceso histórico que se da entre confrontaciones y negociaciones. En su curso, necesitamos pensar más profundamente en la situación, en el proceso de que es parte, y en cómo podemos dar esta lucha –que es mundial y tormentosa-, en cómo podemos luchar entre las confrontaciones y las negociaciones que se han dado y se den por una educación emancipadora, a sabiendas de que la nuestra es una lucha contra la globalización neoliberal que están impulsando las corporaciones y complejos empresariales-militares–políticos y mediáticos con sus asociados y cooptados que, con el capital financiero a la cabeza, y amparados por una legislación que violan y que cambian a su antojo, se están quedando de la manera más evidente con riquezas y empresas e instituciones nacionales –antiguas fuentes de empleo– que ya han privatizado y desnacionalizado.

No podemos ignorar que las fuerzas dominantes ya se han hecho de importantes medios legales, políticos, mediáticos y represivos que ponen al servicio de sus intereses, y que les sirven no sólo para legalizar sino para legitimar y para dejar hacer y dejar pasar su despojo de propiedades públicas y sociales, sus disminuciones y evasiones de impuestos, y muchos actos más que explican el enriquecimiento que han logrado unos cuantos a costa de la Nación y de la inmensa mayoría de una población, que con las anteriores medidas ya sufre la disminución de empleos derivada de la perdida de servicios públicos de salud, de seguridad social, de educación, y de actividades agropecuarias, industriales, comerciales bancarias y de transporte terrestre y aéreo, que antes había logrado obtener la Nación, mediante cruentas luchas del pueblo mexicano, y de un gran número de sus comunidades y trabajadores ahora despojados, que han perdido tierras, aguas y otros recursos naturales, o empleos y derechos laborales y sociales.

A los hechos anteriores se añaden cambios en la correlación de fuerzas que ya se venían dando desde hace varias décadas y que habiendo estallado en l968 en un proyecto estudiantil-popular fueron nuevamente mediatizados por los gobiernos sucesivos con el empleo de sindicatos blancos y corrompidos a su servicio, y con nuevos recursos por los que con una apariencia de democracia en la alternancia de los partidos, se acentuó la creciente integración de México al proyecto del capitalismo corporativo, neoliberal y globalizador.

A las medidas anteriores se añade la criminalidad creciente e impune que ha hecho de los periodistas y los comunicadores algunas de sus principales víctimas, y no se diga ya de la juventud rebelde y sus múltiples desaparecidos… una juventud a la que lejos de intimidar la han convertido en un luchador cada vez más lúcido y firme, viendo que en su vida el sistema le ofrece un presente y un futuro sin trabajo, sin escuela, sin familia que formar, y, en el campo, sin tierras que labrar o sin ganado menor o mayor del que vivir.

Sobre los pobres y los menos pobres de todas las edades han recaído costos crecientes y constantes de la gasolina, de la electricidad y de los alimentos, al tiempo que sus salarios están congelados, cuando los tienen. Y en tan dolorosa situación los que mandan y organizan este mundo inhumano desde las corporaciones y organizaciones patronales, todavía muestran su inmensa irresponsabilidad moral defendiendo pomposamente la inversión privada como si ésta fuera hecha para crear empleos y no estuviera gozando de crecientes privilegios para crear utilidades. Sus beneficiarios –en una actitud que no es de creer– se dan el lujo de regañar a sus funcionarios, a sus asociados y subordinados del gobierno porque no emplean una mayor energía para acabar con toda resistencia del pueblo empobrecido y subyugado. Y es en ese terreno donde vemos como la persecución se hace contra las juventudes, contra los pueblos, los trabajadores y los profesores.

Las organizaciones patronales o sus integrantes, por una parte se declaran gozosos de que están haciendo grandes negocios “como nunca”, y por otra se dan el lujo de regañar, como sus señores, a los del gobierno porque no están persiguiendo con más energía a los maestros y no están cumpliendo con su función principal que es defender y promover “eficientemente” a la empresa privada. Altaneros y presumidos, piden a sus ministros que usen más y más violencia, y toda la que sea necesaria para que la empresa privada siga construyendo el maravilloso país en que los mexicanos son primero y “el dinero es más primero”. Tenemos que distinguir en ellos, sin embargo, a quienes rechazan la represión y reclaman el diálogo, que hasta ahora son los menos.

Pero es en esas circunstancias como surgen las confrontaciones y las negociaciones. Lograr que éstas tengan éxito para el “interés general”, para la juventud, para los trabajadores y los pueblos es un problema que entre sus múltiples dificultades plantea la de decirse y decir cuál es en verdad la situación y cuál la posibilidad de negociación. Por mi parte veo dos motivos de las diferencias y de los acuerdos a enfrentar: 1º. Los que se refieren a los derechos de los maestros como trabajadores y 2º. Los que buscan precisar quién educa, sobre qué educa, a quién educa, y cómo se evalúa a los educandos, precisando los criterios de la evaluación y aclarando su validez y confiabilidad.

En cuanto a los derechos de los profesores creo que son los profesores quienes pueden esbozar las formas del acuerdo. En estas palabras me quiero limitar a dos alternativas que veo para acercarse a una solución en el terreno de la docencia, la investigación y la difusión de las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías.

Frente al proyecto de la globalización neoliberal, que busca hacer de la educación, una cultura de la servidumbre en la que el conocimiento del educando sea puramente instrumental es indispensable presentar un proyecto en que se prepare a la niñez y a la juventud para tener una cultural general científica, crítica y humanista, y poseer tanto el dominio de una especialidad u oficio, como los conocimientos necesarios para cambiar de especialidad u oficio.

En nuestro proyecto será fundamental impulsar los valores de la moral y la verdad, de la experimentación y la práctica tanto en el conocimiento y el saber, como en la conducta y la acción, tanto en las humanidades como en las ciencias, en las técnicas y las artes. El proyecto habrá de precisar sin equívocos lo que se entiende por estos valores. Así por moral, como valor central de la educación, se entiende la moral de lucha, la moral de cooperación, la moral de defensa del interés general –en todo lo que se pueda–, frente al individualismo, frente al consumismo, y a los intereses particulares con que el ser humano se enajena. Por verdad se entiende una crítica permanente a la cultura de la servidumbre y un cuestionamiento constante de lo que se cree que pasa y lo que lo determina, así como de los mejores caminos y medidas para alcanzar valores y objetivos a lo que se añadirá el principio cada vez más generalizado de aprender a aprender… NO me extiendo más.

Por lo pronto esbozo otro tema esencial a enriquecer, corregir y precisar. Se basa en un sencillo proyecto que puede llevar al acuerdo: Consiste éste en recurrir a la Escuela Normal Superior, a la Universidad Pedagógica Nacional, así como a todas las instituciones destinadas a la educación y a la ampliación de conocimientos del magisterio para que se les den los medios y atributos necesarios a fin de poner en práctica la reforma con un programa destinado a casi un millón y medio de profesores que laboran en la República Mexicana. El programa se propondría la actualización de la enseñanza en ciencias y humanidades, artes y tecnologías en un período razonable, y al mismo tiempo se elaboraría el proyecto profundo de reforma de la educación por comisiones de trabajo en las que participen especialistas de las organizaciones de los profesores y de las dependencias que tiene la Secretaría de Educación Pública.

Un esfuerzo de concertación semejante podría establecerse de manera permanente para la tarea de organizar cursos de actualización en ciencias y humanidades, en artes y tecnologías a fin de que el profesorado, de manera institucional y por su cuenta, tanto en los sistemas de educación presencial como en los de educación a distancia, tenga el hábito y las facilidades necesarias para ponerse al día en sus actividades docentes y lo haga de manera periódica y sin presión alguna.

Para la elaboración del plan se coordinarían las direcciones, coordinaciones y oficinas de Educación Superior de las Normales, Universidades, Politécnicos y profesionales de la educación, así como las de ciencias y tecnologías agropecuarias e industriales; las de ciencias y tecnologías del mar, las de educación intercultural y bilingüe, las de educación indígena, las de educación básica, educación secundaria y bachillerato.

El proyecto señalaría tareas fundamentales a realizar por los especialistas en formación continua, en actualización y renovación curricular, en gestión educativa, educación básica, televisión educativa, materiales educativos. En el mismo colaborarían expertos en planeación, en programación, en coordinación, en evaluación válida y confiable, en estadística educativa. De acordarse este proyecto u otro semejante podría trabajar en su elaboración más detallada una comisión que presentara propuestas fundadas y concretas para un acuerdo ejecutivo.

Si semejante camino no lograra los apoyos necesarios pienso que las asociaciones y uniones de profesores podrían asumir, por su parte y de manera autónoma, la promoción de la educación que la nación necesita, y con ese objeto se organizarían en “Círculos pedagógicos en ciencias y humanidades”, que se comunicarían y enlazarían en redes presenciales y a distancia, ya sea en programas concretos de ciencias y humanidades que operaran en las instituciones y escuelas donde laboran, ya por su cuenta en los sitios disponibles.

Si, como es evidente, los acuerdos que lleven a una solución de la actual crisis requieren resolver muchos problemas más que escapan a esta propuesta, creo que el movimiento de los pueblos y los profesores, a más de avocarse a resolver los problemas de la reforma educativa que con el gobierno emprenda, puede y debe, por su parte organizar en el país esa red de grupos de maestros que practiquen la educación que la nación necesita…

No me es posible dar término a estas palabras sin reparar en algunas acciones y metas necesarias para que este programa tenga el impacto que se requiere. Las enuncio a continuación como un llamado a todos los que luchemos por un gran avance en la educación nacional:

1º. Antes que nada es necesario respetar la dignidad de los maestros como ha ocurrido siempre en las etapas más notables de la historia del país.

2º. Hay que defender los derechos de los trabajadores de la educación, así como los derechos de los trabajadores y los pueblos de México y de toda la Nación.

3º. Hay que defender y promover la cultura humanística y científica, la artística y la tecnológica y no sólo la apologética sino la crítica y creadora de un mundo mejor, libre, justo y democrático.

4º. Hay que dar a la práctica de la moral una importancia prioritaria: como moral de lucha, de cooperación, de corresponsabilidad.

5º. Hay que respetar a las distintas religiones, razas, sexos, edades y ver constantemente qué medidas se deben tomar para un proceso emancipador permanente y general.

A los valores y metas anteriores añado algunas medidas a tomar:

1º. Hay que organizar la gran campaña de la alfabetización en un país que de acuerdo con los últimos datos oficiales tiene 4,749,057 millones de analfabetos.

2º. Por lo que se refiere a los trabajadores de la educación no sólo debemos organizarnos en forma sindical para la defensa de los derechos laborales sino organizarnos para la construcción de comunidades pedagógicas, de extensión cultural, en que prive la filosofía del aprender a aprender y a construir otro mundo posible, otro México posible en que ideales y valores encarnen en la realidad.

3º. En lo que se refiere a nuestras tareas docentes es de prioridad inmediata que los profesores en cuyas escuelas se suspendieron las actividades atiendan el problema de los conocimientos que no pudieron adquirir los alumnos en el año escolar pasado. A este respecto se les podrá enviar desde ahora una circular a todos ellos.

Estas y otras muchas acciones se requerirán para diseñar y realizar un proyecto serio y profundo de una verdadera reforma educativa.

Con mi firme solidaridad, les deseo un gran éxito.

*Publicado en jornada.unam.mx [agosto 9, 2016]

Foto: @AlonsoRaya_

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Reclaman respaldo a educación indígena*

César Martínez

Luego de presentar el informe Panorama Educativo de la Población Indígena 2015, Silvia Schmelkes, consejera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), urgió a atender las desigualdad en el acceso, trayectoria y resultados educativos de los alumnos indígenas.

El documento, elaborado en colaboración con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), señala que el 65 por ciento de los alumnos de sexto grado en escuelas de educación indígena obtiene en matemáticas niveles por debajo del básico.

En contraste, esa cifra se reduce al 36 por ciento para niños en nivel semejante pero que estudian en instituciones públicas urbanas, según datos del 2013.

“La mayoría de las estadísticas e indicadores de esta publicación muestran a la población indígena en desventaja con respecto a la población total y las brechas se profundizan aún más en el caso de los habitantes de lengua indígena”, advirtió Schmelkes.

Contrario a lo que se piensa, dijo, la problemática está cada vez más en las ciudades, pues el 44.4 por ciento de los niños, niñas y adolescentes indígenas del país viven en localidades de más de 2 mil 500 habitantes.

Otro dato indica que mientras el promedio escolar del total de alumnos de 15 años o más en México fue de 8.9 en 2014, en la población indígena descendió a 6.7.

Y es que las condiciones en las que estudia este sector son precarias. Por ejemplo, una cuarta parte, el 26.4 por ciento de los preescolares indígenas carece de techo firme.

Mientras que una primaria indígena de cada cinco, el 21.2 por ciento de estas escuelas, carece de mobiliario para al menos un alumno. Incluso, el 1.7 por ciento de los preescolares y el 1.1 por ciento de las primarias no tienen aulas.

Esto ha llevado a que en localidades con más del 40 por ciento de población indígena, el 10 por ciento de los alumnos esté recursando por segunda vez algún nivel educativo.

En la presentación del documento estuvo presente Isabel Crowley, representante en México de Unicef, quien pidió también mejorar las condiciones para que los niños tengan acceso a la educación, que es un derecho humano.

“Hay una realidad que ya conocemos y que este estudio confirma, al no entender al docente, a los textos, a las pruebas, los niños indígenas pueden reprobar y reprueban más, y repiten grados y eso los desmotiva y acaban fuera del sistema”, dijo.

Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, de los 30 millones 621 mil 529 alumnos que cursaban la educación obligatoria en 2013, 1 millón 308 mil 268 eran hablantes de alguna lengua indígena.

En tanto, 52 mil 194 maestros eran hablantes de lengua indígena, del total de 1 millón 201 mil 517 docentes de la educación obligatoria.

El 15.4 por ciento de los alumnos de primaria que hablan alguna lengua indígena no tiene profesores que dominen ese idioma.

*Publicado en reforma.com [agosto 9, 2016] (con suscripción)

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La Suprema Corte y el porvenir de la protesta social*

Simón Hernández León

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en próximos días dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Movilidad del Distrito Federal promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el centro del debate jurídico se encuentra la tensión entre validar o no las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la protesta social en la Ciudad de México. Sin embargo, las consecuencias de orden político son de mayor transcendencia: implican el tipo de sociedad al que aspiramos, con límites al abuso del poder y a la legalidad escindida de legitimidad, particularmente cuando se instrumentaliza el sistema normativo para confrontar las expresiones de disenso, la crítica a la gestión gubernamental y a los actores políticos o posibilitar la réplica de modelos normativos restrictivos a escala nacional si la Corte se pronunciara por su constitucionalidad. En suma, en esta discusión se juegan elementos importantes del contenido democrático de nuestra sociedad y el aparato gubernamental.

movilidad

El contenido de los artículos 212, 213, y 214 de la Ley de Movilidad ha generado pronunciamientos de diversos sectores de la sociedad por su contenido restrictivo de los derechos humanos. Ejemplos de ello son los amicus curiae presentados el año pasado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación, en los que se argumentan las razones por las cuales consideran que estas normas vulneran derechos humanos. Recientemente, varios académicos enviaron una carta a la Suprema Corte fijando su postura sobre el contenido de estas normas. Ellos forman parte de un grupo plural de ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos, miembros de movimientos sociales, activistas y periodistas quienes desde agosto de 2014 promovieron amparos en contra de esta Ley, obteniendo sentencias favorables de parte de diversos Juzgados de Distrito.1

El artículo 212 establece que la realización de las manifestaciones únicamente pueden ejercerse si tienen un fin “perfectamente lícito” y que se deber dar aviso en caso de que puedan “perturbar la paz y tranquilidad de la población”, existiendo una indeterminación sobre qué debe entenderse como una manifestación perfectamente lícita de manera previa. Resulta preocupante que sea la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP) y no un órgano de carácter político la entidad encargada de interpretar el contenido y significado de “paz y tranquilidad” dada la dimensión subjetiva y discrecional de estos conceptos y de un enfoque de interpretación policiaca de los derechos. La Comisión Interamericana ha señalado en relación a estos conceptos que “la ambigüedad de los términos -orden público o paz pública- y el amplio alcance de las restricciones impuestas en algunos marcos legales dan pie a un uso injustificado de la fuerza.”2 El artículo también establece la obligación de dar aviso previo y por escrito a la SSP con 48 horas de anticipación, lo que supone que el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar derechos queda supeditado únicamente para quienes den el aviso. Además, una interceptación restrictiva derivaría en la imposición de un permiso y no sólo un aviso, lo que es contrario a los estándares internacionales.3

Por su parte, el artículo 213 establece una prohibición absoluta para la utilización de las vías primarias de circulación continua para la realización de manifestaciones. Las manifestaciones públicas, dada su naturaleza requieren de la utilización de espacios para garantizar su publicidad y visibilidad como medio de expresión. Para ello, es necesaria la ocupación de vías primarias de circulación continua, aun cuando ello genere ciertas molestias y tensión de derechos que en principio deberían ser toleradas para garantizar un uso plural del espacio público.4 Sin embargo, el carácter público de los espacios de la Ciudad de México hoy se considera vedado en una versión distorsionada: se arguye el derecho de circulación de los vehículos –no de las personas–, y se vacía su fuerte contenido democrático y valor político como espacio de participación.5

Las restricciones antes señaladas son cuestionables en cualquier sociedad que se ostente como democrática y en un Estado de Derecho; pero, situando la Ley en el contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país, con una creciente pérdida de legitimidad del aparato de Estado y de aumento de las expresiones autoritarias como razón de Estado frente al descontento, la exigencia de derechos y la movilización se tornan aún más preocupantes. En este sentido, el artículo 214 abre un campo de posible intervención policial y habilitación del uso de la fuerza sin atender el carácter de ultima ratio que esta medida debe tener. En una formulación ambigua se señala que la SSP tomará las “medidas necesarias” para liberar las vías primarias, sin mencionar, ni graduar las mismas, disposición que se enmarca en un patrón que busca legislar para habilitar la fuerza y no para limitarla.

Esta tendencia ha sido documentada por el FLEPS: la proliferación desde el año 2013 de legislaciones que limitan las manifestaciones imponiendo permisos, horarios o prohibición de lugares y, por otra parte, esquemas de permisividad del uso de la fuerza, incluso letal, contra los grupos manifestantes, conformando una gobernabilidad autoritaria que se apoya en el marco normativo para dar una apariencia de legalidad a su actuación, aun cuando esta sea arbitraria.6 Asimismo, se ha dado un incremento exponencial de detenciones y acusaciones penales en contextos de manifestaciones públicas, subvirtiendo la lógica de intervención mínima, mediante un uso desviado del derecho penal que opera bajo una racionalidad política, evidenciando un proceder autoritario y el uso desviado del poder.7

La protesta social vive un momento difícil. Sin embargo, el incremento y sofisticación de medidas autoritarias tiene como respuesta formas de organización en el que la repolitización de la ciudadanía, la reapropiación y resignificación de los espacios públicos como lugares de deliberación hacen de la protesta una forma novedosa de participación democrática con un potencial de transformación y de construcción de democracia sustantiva.8 Por ello, la discusión no puede obviar ni el contexto ni a los destinatarios de la norma.9 Deliberaciones como la que dará la SCJN en la Ley de Movilidad ponen en evidencia la imbricación entre poder y derecho como elementos diferenciados pero indisolubles. Como acertadamente señaló Norberto Bobbio: “sólo el poder puede crear derecho y sólo el derecho puede limitar el poder”.10 La Corte deberá asumir su papel histórico en una coyuntura particularmente compleja para los derechos humanos y la democracia en México. Su fallo es crucial para la vigencia de las libertades democráticas en el país.

Simón Hernández León. Integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Twitter: @simonhdezleon


1 Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa (amparos indirectos 1689/2014 y 1690/2014), Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa (amparo indirecto 1693/2014), Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa (amparos indirectos 1780/2014 y 1782/2014), Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa (amparo indirecto 1716/2014), Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa (amparo indirecto 1728/2014), Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa (amparos indirectos 1751/2014 y 1753/2014) y Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa (amparo indirecto 1675/2014).

2 CIDH. “Capítulo IV.A: Uso de la Fuerza.” Informe Anual 2015, párr. 72.

3 ONU, Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Párrafo 91: recomendación específica.Documento de Naciones Unidas número A/HRC/20/27 (21 demayo de 2012); Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Bukta y otros c. Hungría, párr. 36. Demanda número 25691/04 (2007): “en las circunstancias concretasen las que podría justificarse una reacción inmediata ante un acontecimiento político, que tomaría la forma de una manifestación pacífica, dispersar ésta con el único motivo de que no se respetara la obligación de notificación previa y sin que los participantes se comportaran de una manera encontraría a la Ley constituye una restricción desproporcionada a la libertad de reunión pacífica.”

4 Tribunal Constitucional de España, Sala Segunda. Sentencia 193/2011, 12 de diciembre de 2011 (BOE núm. 9, de 11 de enero de 2012), fundamentos jurídicos, punto 2.

5 CIDH. “Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” Título III, Informe Anual 1994, OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995. ONU. Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/20/27Distr, 21 de mayo de 2012, párr. 41.

6 El FLEPS es una colación de organizaciones conformada por: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., y Resonar.

7 La Comisión Interamericana ha establecido que se configura una desviación de poder, cuando existen “actos sucesivos y encadenados” con apariencia legal que buscan ilegítimamente afectar a una persona. CIDH, Informe Nº 43/96, Caso 11.430, México, 15 de octubre de 1996, párr. 70.

8 Simón Alejandro Hernández León, “Protesta social y porvenir democrático en Nuestra América” en: Anuario de derechos humanos 2015, Universidad Iberoamericana Puebla, 2015, p. 108.

9 La SCJN ha señalado que al interpretar normas se debe acudir a (i) la gramática, (ii) analizar las normas en contraste o en relación con otras expresiones contenidas en la misma norma o en otras disposiciones normativas, (iii) al contexto en el cual se desenvuelven las normas, (iv) a sus posibles destinatarios. Véase: Amparo en Revisión 448/2010 de sesión de 13 de julio de 2011; jurisprudencia 1/2006 de rubro: “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS” y jurisprudencia 54/2014 de rubro “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS”.

10 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1994, p. 19.

* Publicado en eljuegodelacorte.nexos.com.mx [agosto 4, 2016]

Foto: unexpp.cl

La UAM sale de vacaciones sin resolver el conflicto en Iztapalapa*

Arturo Sánchez Jiménez

El periodo vacacional en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se inició ayer, pero continúa el conflicto en la unidad Iztapalapa, donde varios alumnos mantienen tomado desde hace semanas el edificio de la rectoría. Los estudiantes piden solución a un pliego petitorio que incluye, entre otros puntos, la cancelación de un plan de seguridad aprobado por los organismos colegiados de la institución, que considera la instalación de sistemas electrónicos para controlar el acceso a la escuela, donde han ocurrido robos y asaltos.

El último día de labores fue dedicado por el Consejo Académico –el organismo colegiado más importante de la unidad– a buscar caminos para solucionar el problema. Si bien las autoridades universitarias y los estudiantes que ocupan la rectoría han emprendido algunas negociaciones, de momento el diálogo está roto y no han conseguido resolver el conflicto, que nació a la par de las protestas que tuvieron en paro a otras dos unidades de la UAM (Xochimilco y Azcapotzalco) desde principios del mes hasta inicios de esta semana, el cual fue levantado luego de negociaciones entre autoridades y estudiantes.

El Consejo Académico aprobó ayer un acuerdo por medio del cual pide a los alumnos que liberen las instalaciones de la rectoría. Sus integrantes se comprometieron a que una comisión del propio consejo, encabezada por el rector de la UAM Iztapalapa, Octavio Nateras, seguirá dialogando con los jóvenes hasta conseguir acuerdos con ellos.

Pero aunque los estudiantes acepten la propuesta, que les fue entregada anoche de acuerdo con fuentes universitarias, el diálogo no se retomaría de inmediato. Sería al regreso de las vacaciones, es decir, a partir del 29 de agosto.

Los alumnos que ocupan el edificio donde despacha el rector Nateras han expresado que continuarán ahí hasta que sea atendido su pliego petitorio. Además, han señalado que solicitan que el plan de seguridad sea consultado ampliamente con la comunidad universitaria antes de que entre en vigor.

A partir de ayer y hasta el 29 de agosto, los 42 mil 153 estudiantes de licenciatura y dos mil 914 de posgrado, así como 9 mil 517 empleados, entre profesores y trabajadores administrativos, gozarán de 26 días naturales de descanso. Los trámites de inscripción y reinscripción para todos los alumnos se llevarán a cabo los días 14, 19, 20, 21 y 22 de septiembre de 2016. Las clases del trimestre próximo iniciarán el 26 de septiembre y concluirán el 8 de diciembre.

*Publicado en jornada.unam.mx [julio 30, 2016]

Foto: jornada.unam.mx

Correo Sindical #50: No a los torniquetes en Iztapalapa

Jueves 28 de Julio de 2016

No permitiremos el control de accesos.

NO A LOS TORNIQUETES EN IZTAPALAPA.

La Estructura Sindical al frente de la Movilización:

  • Hoy, 28 de Julio, todos a Rectoría a las 17:00 horas.
  • Las corrientes nuevamente dan la espalda a los problemas de los trabajadores.
  • El Dictamen para el control de accesos viola el CCT y la bilateralidad.
  • Pretenden convertir a la UAM en un gueto o en un centro penitenciario.
  • Incorporémos a los guardias.
  • Permanezcamos en alerta ante el llamado a la movilización.

El CGD convocado para el 27 de Julio de 2016, cuyo único punto era analizar y resolver respecto al Dictamen que pretende imponer en la Unidad Iztapalapa para el control de accesos, no contó con los delegados necesarios para el quórum; no obstante, dada la urgencia de abordar el punto, la sesión se llevó a cabo…

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