De acuerdo a lo señalado en artículo 74, inciso “d” del Estatuto que rige al SITUAM, la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento (CMGCyA), informa sobre las actividades que se han realizado en el periodo que comprende mayo de 2015 a mayo de 2016.
Conforme a lo estipulado en las cláusulas 68, 212 y 213 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente, los comisionados han atendido las necesidades de capacitación y le han seguimiento a los diferentes programas.
Este es el informe que presenta la Comisión Mixta General de Admisión y Escalafón del Personal Administrativo ante los trabajadores sindicalizados.
El presente informe de labores que se presenta ante ustedes los trabajadores para su análisis y consideración tiene como fundamento lo establecido en el artículo 74 inciso “D” del estatuto sindical y todo con relación al desempeño de hacer cumplir nuestro CCT vigente.
En el contexto nacional, las nuevas reformas, (energética, educativa, de política hacendaria y de telecomunicaciones), han venido afectado en los últimos tiempos a toda la población, en particular, a nosotros como trabajadores que sí bien conservamos derechos laborales, estamos en la mira pues sabemos que poco a poco las iniciativas gubernamentales le han ido arrebatando a la clase trabajadora sus derechos laborales, generando un estado precario.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) comenzará a trabajar una propuesta para cambiar la legislación que rige la educación superior, la cual data de 1978.
Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la asociación, dijo este viernes en entrevista realizada al término de una sesión del organismo, que la idea es modernizar la ley y beneficiar a los estudiantes, académicos y trabajadores de las universidades, respetando la autonomía de las instituciones.
Afuera de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde sesionó la Anuies, cientos de jóvenes estudiantes de la UAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se reunieron para exigir que se consulte a los universitarios antes de hacer modificaciones. “No a una reforma neoliberal”, se leía en los carteles que portaban.
En marzo pasado, la Anuies y el Senado de la República organizaron unas mesas en las que se analizó la legislación que rige a las universidades.
Ahí se concluyó que las leyes vigentes no responden a la realidad actual y que están generando un mal funcionamiento del sistema de educación superior. A raíz de esto, la asociación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Senado firmaron una carta en la que se propusieron colaborar para hacer una propuesta legislativa en la materia.
Valls Esponda comentó a este diario que aún no hay una propuesta, sino que se está trabajando en ella. Para junio, agregó, estaría lista y será un proyecto general, que respetará la autonomía y el tema de las universidades públicas.
Añadió que se requieren generar incentivos para tener una mejor educación, mayor vinculación y una política de internacionalización. Se trata de tener una enseñanza de calidad, con mayor cobertura y compromiso social, con principios y valores éticos.
El diseño de la propuesta, aseveró, “será totalmente transparente y en ella participan especialistas universitarios y de la Anuies”, así como miembros del Senado.
Además de las manifestaciones que se realizaron a las afueras de la rectoría de la UAM, al interior de la misma integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de esa casa de estudios (Situam) hicieron una protesta también en contra de una reforma a la ley sin tomar en cuenta a los universitarios.
Yordany Padilla, secretario general de la organización gremial, intentó ingresar al auditorio en el que sesionaba la Anuies, pero le fue impedido el paso. “Queremos saber qué es lo que están discutiendo, porque esto afecta a las y los trabajadores, así como a estudiantes. Queremos decirles que ellos no son quienes deben decidir esos cambios, porque no consultan ni a al alumnado ni a los trabajadores”.
*Publicado en jornada.unam.mx [abril 16, 2016]
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Viernes 13 de Mayo de 2016
Privatización de la Universidad Pública
A partir de la década de los ochenta el modelo económico cambió, surgió el neoliberalismo, su tema central, que el Estado dejara sus obligaciones con los pueblos para poner todo en el mercado: salud, educación, seguridad social entraron a la leyes de la oferta y demanda. El Estado mexicano comenzó a adelgazarse por mandatos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos mundiales. Desaparecieron cientos de empresas estatales ya que según los que administraban al país “no eran rentables” y con ello miles de trabajadores perdieron sus empleos, llevando a la pauperización a millones de mexicanos.
Durante estas tres décadas y media que lleva el actual modelo económico, ha generado condiciones de miseria, iguales que durante la revolución mexicana y una pérdida de derechos sociales nunca antes visto. Ahora los poderes fácticos pretenden privatizar a la Universidad Pública, ya vista desde el mercado, la educación es un negocio que genera ingresos altos para la empresa privada.
La universidad pública ha estado en la mira del capital desde hace varios años; los noventas fue una década de protesta de diversos sectores: campesinos, indígenas y estudiantes, a los últimos les toco encabezar una lucha por la universidad pública y gratuita que impidió el cobro de cuotas en la UNAM impidiendo en 1999 la privatización de la Universidad de Pública.
¿Privatizar?
Coloquialmente se ha utilizado el termino privatizar para referirse a la venta de empresas públicas, bienes o servicios del Estado.
El estado otorga a la empresa privada el uso, aprovechamiento y disfrute de algún bien o servicio público, lo que le genera ganancias considerables al DUEÑO de la empresa, ya que recibe la infraestructura levantada con recursos públicos, además, de obtenerla a un precio por debajo del real y en muchos casos el Estado ha rescatado empresas que fueron manejadas por particulares y fueron quebradas por sus malos manejos.
¿Cómo se privatiza?
Estudiosos del tema han expresado que la privatización de la Universidad se ejecuta en dos vías:
Además se han implementado una serie de modificaciones legales para limitar los derechos de los trabajadores tanto Académicos como administrativos. La modificación al artículo 3 fracción VII otorgó facultades a los a las Universidades para:
“fijaran los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico”
Este argumento ha sido utilizado por las representaciones de las Universidades para en algunos casos retirar los derechos laborales de los académicos de las contrataciones colectivas.
Las últimas reformas en materia laboral: Ley del ISSSTE (2007), Ley Federal del Trabajo (2013), Desindexación del Salario Mínimo (2016) están para golpear a los trabajadores (académicos y administrativos) del sector universitario y de esta manera avanzar en la privatización de la Universidad Pública.
¿A quienes beneficia?
La privatización de la Universidad pública beneficiará al gran capital mundial ya que la educación vista desde el mercado genera ganancias considerables, por esa razón en los últimos años han crecido de manera desmedida universidades privadas, han predominado los pequeños negocios educativos que sufren del descrédito académico, se constituyen por un número limitado de programas y manejan un sistema de cuotas accesible a grupos sociales de bajos ingresos económicos. La definición de estos establecimientos como masivos, responde adecuadamente a la realidad ya que miles de jóvenes de escasos recursos no ingresan a las Universidades públicas.
Si los Estados no invierten en educación universitaria, por un lado dejan a miles de jóvenes sin preparación impidiendo que participación críticamente como ciudadanos y mantienen una sociedad no participativa.
Jóvenes sin presente
Año con año miles de jóvenes son excluidos de las Universidades públicas gracias a las medidas gubernamentales que impiden que los jóvenes tengan una preparación universitaria. Cifras del 2015 de los 180 mil estudiantes que solicitaron ingresar a la UNAM sólo el 10% accedió a un lugar en alguna de las 113 carreras que ofrece. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional dejó fuera a casi el 75% de sus 77 mil 500 aspirantes. El Estado Mexicano está cerrando la posibilidad de movilidad social de los jóvenes ya que impide que ingresen a las universidades públicas y no ofrecen trabajo con salarios dignos a los jóvenes.
¿Estado ineficiente?
Discursivamente se ha definido al Estado como una ficción jurídico-social encargada de proteger a los habitantes de un espacio determinado que tiene un gobierno propio, de esta manera se ha justificado la existencia de un grupo de individuos que administran los recursos a cambio de otorgar seguridad a los habitantes.
El Estado visto desde la lucha de clases sirve para proteger los intereses de la clase burguesa y quien utiliza la fuerza para controlar la inconformidad de quienes no cuentan con los medios de producción.
En la actualidad vemos como el Estado cumple con su obligación de proteger al capital mundial abriendo al comercio todos los sectores públicos incluyendo la educación universitaria. La privatización de la Universidad pública es la continuidad de modelo económico capitalista para que siga generándose una clase que genera ganancias para unos y una miseria para todos.
¿En qué afecta a los trabajadores del SITUAM?
La privatización de las Universidades públicas en México tendrá consecuencias graves para el pueblo, ya que impedirá que miles de jóvenes se preparen académicamente y de esa manera aspiren a mejores condiciones de vida. Para el caso de los trabajadores Universitarios (académicos y administrativos) el futuro es desalentador, ya que sólo hay que ver las condiciones de los trabajadores en las Universidades privadas para observar que futuro nos espera.
En la mayoría de las Universidades privadas carecen de sindicatos, los contratos colectivos son impensables para los trabajadores de las universidades privadas y aquellas que los tienen sus prestaciones son muy básicas. En las Universidades privadas los trabajadores de intendencia y vigilancia son contratados por empresas terceristas, a los académicos sólo se les contrata por horas, no tienen estabilidad laboral.
La defensa de la universidad pública no es cuestión de los jóvenes es tarea de todas y todos.
Hoy más que nunca la unidad entre los diversos sectores que componen a la comunidad universitaria es fundamental.
Todos trabajadores: académicos y administrativos y los estudiantes debemos formar redes para defender a la Universidad Pública para evitar que el gobierno desaparezca los derechos laborales y el derecho a la educación de los mexicanos; además, tenemos la obligación de revisar que los planes y programas de estudio que se diseñan en las Universidades Publicas estén pensados para transformar a México en beneficio del pueblo no de los intereses del capital.
El derecho a la educación y al trabajo son derechos “humanos” arrebatados al Estado y consagrados en nuestra Constitución, esos derechos se lograron con sangre de nuestro padres, nuestros abuelos, que pelearon por un México más JUSTO, honremos su legado.
A DEFENDER A LA UNIVERSIDAD PUBLICA.
Secretaría de Educación y Análisis
“POR LA UNIDAD EN LA LUCHA SOCIAL contact@situam.org.mx”
El 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas que tienen como fin reformar la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de justicia laboral.
Una de las principales propuestas de la iniciativa de reforma constitucional es la del artículo 123, que tiene como fin desaparecer la impartición de justicia laboral por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Éstas serán sustituidas por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Otro punto es la creación de un organismo descentralizado de la administración pública que atenderá el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, de las organizaciones sindicales y de los procesos administrativos inherentes.
Este nuevo organismo tendrá también la tarea de conciliación en juicios de materia federal, mientras que a nivel local la conciliación corresponderá a los órganos descentralizados que se crearán en cada estado.
Un punto más de la reforma incluye elevar a rango constitucional el voto personal, libre y secreto de los trabajadores en elección de dirigentes y resolución de conflictos entre sindicatos. La reforma a la LFT establecerá esto procedimientos.
En la marcha de trabajadores del 1 de mayo, Francisco Hernández, dirigente del sindicato de telefonistas, y Agustín Rodríguez, del sindicato de la UNAM, expresaron su rechazo a la iniciativa que busca desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, pues que consideraron que “pega a los derechos laborales” [El Universal, Mayo 2, 2016].
En Guadalajara, Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, aseguró que seguirán defendiendo los contratos colectivos porque “con la nueva ley y la futura ley ya no vamos a tener ninguna defensa”. Y agregó que la reforma pretende agregar “mil requisitos” para poder registrar un contrato colectivo de trabajo [El Diario NTR, Mayo 2, 2016].
José Alejandro García, presidente de la CROM, manifestó su oposición a la reforma que pretende desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. Ante esto, el secretario de Trabajo del Estado, Héctor Pizano Ramos, reconoció que “ha faltado el consenso y por eso los líderes obreros se pronunciaron en contra, porque se habla de modificar radicalmente la impartición de justicia laboral [El Occidental, Mayo 1, 2016].
SITUAM ha declarado su oposición en contra cualquier atentado que pretenda vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores.
Consulta la Iniciativa de reforma de justicia laboral
Foto: crom.org.mx
